Obligan a Venezuela a pagar más de 1600 millones de dólares a empresas expropiadas

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) ha condenado a Venezuela a pagar más de 1.640 millones de dólares (1.481 millones de euros) por las expropiaciones que el régimen de Hugo Chávez realizó en 2010 sobre las inversiones de varias empresas españolas en diferentes sociedades venezolanas, reseñó Europa Press.

Según la institución, las acciones del régimen chavista constituyeron una «violación» del acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Venezuela.

Las inversiones expropiadas por el país latinoamericano fueron las realizadas en las sociedades venezolanas Agroisleña, Insecticidas Internacionales, Proyefa y Venezolana de Riego.

Los beneficiarios

Las empresas demandantes, englobadas como Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos, son:

• Agroinsumos Ibero-Americanos
• Inica Latinoamericana
• Proyefa Internacional
• Verica Atlántica

Estas comenzaron el laudo contra Venezuela en 2016.

Seis años más tarde, el tribunal de arbitraje ha decidido fallar a favor de la compañía española.

Intereses también serán cobrados

Ciadi ha ordenado a Venezuela pagar más de 1,1 millones (un millón de euros) por procedimiento.
A este importe se suman los intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses; más cuatro puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente.

Adicionalmente, el Ciadi ha ordenado a Venezuela pagar más de 1,1 millones (un millón de euros) por costes del procedimiento y otros 16,3 millones (14,8 millones de euros) por gastos incurridos por el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en la defensa de sus derechos.

Historia de Agroisleña

Todo comenzó con la nefasta política expropiatoria de Hugo Chávez.

A finales de 2010, dos años antes de morir de su cáncer fulminante, el excomandante del Ejército quiso regalar a sus compañeros de armas la exitosa empresa española Agroisleña; expropiándola sin pago alguno, al cambiarle el nombre por Agropatria. Bajo la excusa de recuperar 240.000 hectáreas productivas y duplicar su producción en dos meses, reseñó El País.

Los militares no pudieron aumentar la producción de Agropatria sino que la arruinaron, revendiéndola después a una empresa desconocida en 2020 por su incapacidad de mantenerse operativa.

Después de ser expropiada, Agroisleña, fundada por el empresario español Enrique Fraga; decidió demandar al gobierno venezolano en 2016.

El CIADI continuó el proceso en los dos años siguientes hasta que en junio de 2019 se suspendió el proceso entre las partes.

Dos meses más tarde los demandantes reanudaron el pleito que se cerró en enero de 2022.  Y el pasado 23 de marzo el tribunal anunció la sentencia a su favor, seis años después de haberlo iniciado.

En sus 22 años en el poder, el régimen chavista ha expropiado y confiscado más de 5.500 empresas, según el registro del Observatorio de Gasto Público de Cedice-Libertad

Marco legal

Luigi Pisella, presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), señaló que en Venezuela se debe legislar con urgencia para impedir que se repitan en un futuro, expropiaciones, expoliaciones, ocupaciones y estatizaciones; que tanto daño le han hecho a la economía del país.

Explicó que hay empresas y predios que el régimen quiere devolver pero sus propietarios expresan que no las quieren porque están muy deterioradas o porque no tienen recursos para recuperarlas y ponerlas operativas.

Además, en otros casos hay que sentarse con ellos para determinar cuál es la manera de indemnizarlos.

«Ese terrorismo lo vivimos muchas veces, todos los días venía alguien que creía, que lo que a uno le costo tantos años construir o levantar, se lo podían quitar, y esto trajo mucha cola, muchísima desconfianza, desinversión y recuperar esto, va a lleva r muchos años, estas heridas se sanan, pero con el tiempo», reseñó El Impulso.