«Venezuela pasó de ocho años de recesión a una etapa de estancamiento de su económia»

Un bolívar que es rechazado en gran medida por comerciantes y consumidores, además de contar con dos reconversiones monetarias (2018 y 2021), llevadas a cabo en menos de cuatro años; sólo se han convertido en reflejo de la gravedad de la crisis económica en la que se encuentra Venezuela.

Con escalada de precios aceleradas, en bolívares, y con un impacto menos acelerado en dólares, parece que el país logró estabilidad en el foso.

“Pasamos de ocho años de recesión a una etapa de estancamiento de su economía”, explicó el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, en Unión Radio.

Detalló que efectivamente, para surfear la hiperinflación, los venezolanos optaron desde hace dos años y medio por usar divisas para garantizar el valor de sus ahorros y “la principal ventaja de la dolarización es que se convierte en un ancla de los precios”.

“Las empresas tienen que cambiarse el chip, estamos en un entorno multimoneda y la dinámica del dólar entra en la estructura de costos, el flujo de caja y debe tomarse en cuenta”.

Microexpansión de la economía

Parece que el futuro del país para un 2022 que esta a la vuelta de la esquina luce un poco más prometedor en algunos sectores.

“En 2022 estamos esperando una expansión de la economía de 5%”.

Consideró que entre los primeros beneficiados están los empresarios de los rubros: de alimentos, salud, tecnología, servicios profesionales y retail.

Reanimar el mercado

El especialista expuso cuatro puntos claves que deben tomarse en cuenta para reanimar el mercado venezolano:

• El problema de los servicios públicos, tanto de combustible como de electricidad se convierte en un obstáculo para el crecimiento de la economía.

 

• La ausencia de crédito. Una economía sin crédito es una economía cuya capacidad de avanzar está contenida o restringida.

 

• El colapso financiero del Estado, no tiene capacidad de incidir en generación de bienes públicos.

 

• Gravísimos problemas de poder adquisitivo: pensionados, empleados públicos y ciudadanos en pobreza extrema.