Ley Rider española afecta los ingresos de unos 20 mil repartidores venezolanos

La entrada en vigor de la llamada ley de repartidores o «Ley Rider» asume que estos trabajadores son asalariados y no autónomos. Esto pretende poner fin al uso de trabajadores autónomos en el envío de comida y paquetes a domicilio, reseñó El País de España.

Esta norma eleva a rango de ley lo que ya dictó el Tribunal Supremo, en septiembre del año pasado, cuando declaró falsos autónomos a los repartidores de estas plataformas.

El efecto «positivo» no ha sido tomado por las compañías de la mejor forma y los venezolanos, quienes abarcan el 85 % de la plantilla de estos servicios, están siendo afectados.

Glovo desoirá la legislación y sólo contratará a una parte de su flota, Deliveroo pretende abandonar España en otoño, Uber Eats subcontratará a empresas de reparto y Just Eat, que nunca contó con falsos autónomos, prepara el primer convenio colectivo del sector para una décima parte de sus motorizados, ya que, el resto son asalariados de restaurantes o empresas de logística.

Colectivo venezolano

Pese a no existir cifras oficiales, la presencia de venezolanos en el colectivo “rider” es abrumadora.

Una fuente del sector confirmó a Efeagro que en España estas plataformas cuentan con entre 15.000 y 20.000 repartidores, de los cuales cerca de un 85 % son de Venezuela.

Cortesía: Reuters

El perfil de repartidor ha cambiado con los años y está detrás de la división entre anti-autónomos y pro-autónomos: si entre 2015 y 2017 la mayoría eran españoles -muchos de ellos jóvenes universitarios que compaginaban el trabajo con sus estudios-, hoy el número de extranjeros para los que esta actividad es su principal fuente de ingresos es muy superior.

Uno de los mayores interrogantes que abre la “Ley Rider” es cómo afectará al mercado negro que existía con las cuentas, que se había convertido en práctica habitual. Fuentes del sector apuntan a que hasta la mitad de los repartidores podrían operar bajo esta fórmula.

La cruda realidad del migrante

“Cuando llegamos siendo inmigrantes, muchos tenemos que esperar entre 6 y 12 meses a que nos den el permiso de trabajo. Durante ese tiempo, ¿Cómo vivimos? Muchos optan por alquilar una cuenta para poder ganar algo de dinero hasta que les dan los papeles y pueden darse de alta como autónomos“, explica un repartidor bajo condición de anonimato.

En ocasiones, el dueño de la cuenta cobra un porcentaje: “Normalmente es del 20-25 % de lo que facturas. Yo pasé por eso, tuve una cuenta alquilada durante ocho meses, y casi todos los venezolanos que somos repartidores, también”.

Manuel S. también es venezolano, ingeniero, y tenía cuentas para recibir pedidos a través de Glovo, Deliveroo y Uber, aunque en breve sólo podrá utilizar la primera si quiere seguir siendo autónomo.

“Hasta ahora podías mejorar y superar los mil euros al mes, daba para vivir y ayudar a la familia que está fuera».

Lisset Delgado, una venezolana que trabaja en Cádiz como rider y que no es partidaria de esta ley.

«Estoy en contra de la ley porque tienen contratos muy precarios y su estrategia es contratar a algunos para en una semana despedirles como ya están haciendo en Jerez. Hacen contratos de 38 horas y los fines de semana nos ponen a trabajar 12 horas por día», asegura Lisset en conversación telefónica con Sputnik.

«Creo que el Gobierno debería aplicar una ley con mejores condiciones sin prohibirnos seguir siendo autónomos».