El parlamento madurista dio el visto bueno a la nueva legislación que pretende imponer una alícuota de entre 2,5 y hasta 20% a todas aquellas empresas y personas que hagan operaciones financieras en moneda extranjera o criptomonedas diferentes al Petro, dentro del territorio venezolano.
Pese a no existir aún el reglamento que fundamente, y detalle bajo qué forma se aplicará la obligación tributaria, distintos expertos aseguran que la puesta en marcha del instrumento legal representa un encarecimiento de la vida en el país.
“Cerco tributario”
Leonardo Palacios, abogado con especialización en derecho tributario, augura un repunte de inflación y cierre de empresas tras la aprobación de la reforma a la ley de Impuesto a Grandes Transacciones Financieras (IGTF).
Calificó la medida como un “cerco tributario” que no va sólo en contra del empresariado.
“Va contra el venezolano que verá más mermada su capacidad de compra y es contra el trabajador pues los pagos que se le hacen en divisas podrán ser sometidos a impuesto (…) El IGTF es contra el bienestar del venezolano, es inflación”.
Cortesía
“Genera serios problemas de imposición múltiple, pues entre otras cosas, lo desechan como gasto deducible a los efectos del pago de ISLR (…) Pagos de otros impuestos, tasas y contribuciones especiales generarían IGTF; y se da pie para el abuso en la utilización de las figuras de responsables (agentes de retención y percepción)”, insistió.
La evasión fiscal y la informalidad en las operaciones comerciales en divisas (mercado negro) serían apenas la punta del iceberg porque, aseguró Palacios, “se restringe el crédito bancario y la capacidad de ahorro en moneda extranjera”.
«La aprobación del IGTF violó derechos fundamentales de participación e igualdad ante la ley lo cual es violatorio de la Constitución», manifestó.
Esquema perverso
Por su parte, Daniel Betancourt, abogado especialista en derecho tributario, considera que el gobierno de Nicolás Maduro busca «su parte del pastel» en la dolarización de facto en Venezuela al aplicar una reforma a la Ley.
La alícuota representa «un esquema bien perverso» que colocará nuevas obligaciones a las empresas al punto de elevar las tarifas de sus servicios y los precios de sus productos expresados en moneda extranjera.
Para el abogado, la finalidad de esta reforma es en esencia recaudatoria.
«Pareciera que todo aquel que tenga un dólar en la cartera va a tener que pagar el 2,5% al Estado», puntualizó.
No sería extraño que también se sume «una lluvia normativa» alrededor de la reforma, una vez que se logre definir cómo se realizará la facturación con divisas.
A juicio de Betancourt, el chavismo intenta «encarrilar» a los venezolanos a usar los bolívares pero podría estar, más bien, incentivando el auge del mercado negro para las operaciones comerciales con divisas.
Desincentiva la inversión
El diputado de la Alianza Democrática (AD), Oscar Ronderos, ratificó su rechazo a la ley tras considerar que esta se convertirá en el motor para desatar un nuevo proceso inflacionario.
“No apoyamos la ley, primero porque ese impuesto va a impulsar la inflación, segundo porque por cada 100 dólares que usted pague, el Estado se queda con 20 dólares y porque no colabora con la relación de confianza para atraer nuevas inversiones a Venezuela”, expresó Ronderos en rueda de prensa.
Expresó que los factores opositores (dentro de la la Asamblea Nacional madurista), se ven obligados a hacer la advertencia pública y prender las alarmas porque dicha ley pondrá en riesgo la estabilidad económica prevista para este 2022.
Alertó que de aplicarse promoverá la evasión de impuestos y no contribuirá a fortalecer el bolívar, tal y como lo promete la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Pese a que es un impuesto concebido para “grandes contribuyentes” insiste que afectará a los consumidores finales.
“El que cobra 10 dólares por día de trabajo, esa persona va a perder 20 % de su ingreso al hacer una compra en cualquier cadena de supermercados o farmacia por concepto del impuesto según lo que establece la ley”, advirtió.
Ronderos planteó el diferimiento de la segunda discusión de la ley a fin de que se evaluara y consultara debidamente. Propuesta que fue rechazada por los diputados del PSUV.
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