Haití, una nación enmarcada en la inestabilidad financiera y el conflicto social
Las consecuencias económicas de la pandemia aunado a la desestabilización política tras el magnicidio de Jovenel Moïse, se convierten en un caldo de cultivo devastador para un país con una población mayoritariamente pobre.
Según el Banco Mundial (BM), el 60% de su población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y Naciones Unidas ubica a la nación en el puesto 170 de 189 en su Índice de Desarrollo Humano.
Por su parte, las proyecciones de organismos internacionales señalan que alrededor de 3 millones de habitantes del país ingresaron a una situación de «insuficiencia alimentaria severa».
Su Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo alrededor del 3.8% en 2020, cuando la pandemia agravó la situación general.
Aunado al devastador pronóstico, el país carece de un programa de vacunación para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Corrupción y desfalco a la nación
La Corte de Auditoría de Haití publicó un informe, según el cual, el dinero proveniente del fondo venezolano Petrocaribe se perdió.
Se calcula que unos 2.000 millones de dólares del presupuesto, destinado para obras sociales e infraestructura fue malgastado o simplemente se desconoce su paradero.
En el centro de la investigación estaba el fallecido presidente Moïse, quien manejó una empresa que recibió esos recursos; por lo que el mandatario propuso que la Organización de Estados Americanos (OEA) enviara una comisión que ayudara al Estado haitiano a realizar una auditoría sobre el uso de esos fondos.
Crisis institucional
En 2018, el gobierno intentó aumentar los precios de la gasolina y la situación generó un descontento generalizado que obligó a revertir la acción.
La popularidad de Moïse cayó en picada en medio de la disgregación de los poderes del Estado, incluido el Parlamento.
Así se mantuvo «por decreto» a cargo de la primera magistratura del país hasta su asesinato.
