Sin notificación previa, sin justificación alguna y en medio de la pandemia, unas 20 personas fueron despedidas recientemente de uno de los periódicos más emblemáticos del país, el Diario El Universal, marcando un grave precedente en la situación laboral de los trabajadores venezolanos.
En cuanto al punto económico, la situación es más decadente aún, ya que, los ingresos al estar anclados a poco más del salario mínimo legal; hace que el cálculo de la liquidación sea un monto irrisorio.
Samuel, nombre ficticio para proteger su identidad, relató en exclusiva para CIMA 360 que tras 23 años de servicios a la marca, su finiquito tras el despido, no asciende a más de 150 dólares.
«Trabajé de forma ininterrumpida para el diario y terminé como cualquier empleado público, con los bolsillos vacíos (…) Además, la empresa nos dice a los despedidos que debemos esperar a que dispongan de los recursos necesarios para hacer el pago».
Otro de los afectados, que tenía más de 30 años de servicio, le informaron que su liquidación no sobrepasaría los 200 dólares.
La situación se ha complicado desde hace dos meses, cuando dejaron de percibir su salario.
«Tenemos dos meses sin que se nos cancele nuestro salario en bolívares devaluados y la excusa es que no tienen dinero», dice.
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Salarios de hambre
Marian, actual empleada del periódico, relató que su ingreso con estudios de pregrado y postgrado, es de 5 millones 360 mil bolívares quincenales o poco más de 3 dólares, más el Cestaticket Socialista.
«Con ese ingreso llego a unos 13 millones de bolívares, que solo me alcanza para recargar saldo en el celular. Con el Cestaticket solo compro harina, de la peor calidad, así que me quedo sin dinero y con hambre», destaca.
Cargos fueron eliminados
Detalla además que sus condiciones laborales se han venido desmejorando desde hace varios años, y la pandemia sólo aceleró el proceso de deterioro.
«No hay escala salarial, nuestros cargos desaparecieron. Nos alinearon a un solo tabulador. Ni siquiera en las semanas de flexibilización hay acceso a la torre. Es lamentable como tantos años de historia están siendo aniquilados»,explica Marian.
¿Inamovilidad laboral?
Nicolás Maduro prorrogó por dos años, hasta el 31 de diciembre de 2022, el decreto de inamovilidad laboral para los trabajadores de los sectores público y privado.
El artículo 2 del instrumento destaca que “las trabajadoras y trabajadores amparados por este Decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector o Inspectora del Trabajo”.
Por su parte, en su artículo 3 se expone que “en caso que la trabajadora o el trabajador protegido por la inamovilidad sea despedido, desmejorado sin justa causa o trasladado sin su consentimiento, podrá interponer denunciar dentro de los treinta (30) días continuos siguientes ante el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos”.
Los trabajadores del medio de comunicación exponen que todas las acciones en contra del personal son avaladas por la Inspectoría del Trabajo, situación que los deja en desventaja frente al patrono.
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