«Corrupción legal», el mecanismo que utilizan políticos y empresarios para esconder su patrimonio en paraísos fiscales
Con la publicación de los Pandora Papers, la filtración de 11,9 millones de documentos confidenciales sobre las fortunas de algunas de las personas más poderosas e influyentes del mundo, el foco mediático vuelve a caer sobre las compañías offshore, reseñó BBC Mundo.
Los economistas Daniel Kauffman y Pedro Vicente fueron de los primeros en definir el término «corrupción legal».
Se referían a una serie de procesos de corrupción pero protegidos por un marco de legalidad.
Kauffman, presidente emérito del Natural Resource Governance Institute, dijo una vez que las élites de Venezuela, Congo, Nigeria y Republica Democrática del Congo «han usado empresas públicas de recursos para clientelismo político, con frecuencia (aunque no siempre), mediante herramientas legales».
Es lo que él llama la «privatización de las políticas públicas y de la legislación».
Normalmente se acusa a los políticos y gobernantes de crear este marco legal, sesgando las reglas para adaptarlas a sus propios intereses.
La investigación mundial, liderada por el Consocio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), incluye a más de 330 políticos de 90 países que utilizan estas sociedades extraterritoriales para ocultar su riqueza, evadir impuestos y, en algunos casos, lavar dinero.
Latinoamérica no está exenta del escándalo. Sebastián Piñera, Guillermo Lasso y Luis Abinader, presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, aparecen en la lista.
También figuran otros 11 exmandatarios de la región, como los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana y el peruano Pedro Pablo Kuczynski.
¿Compañías offshore son ilegales?
Pero uno de los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta es que las compañías offshore en sí no son ilegales.
«Eso no quita que no sean cuestionables», explica Dan Hough, jefe del Departamento de Política en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y autor de «Analyzing corruption» («Analizando la corrupción»).
«De hecho, son completamente legales. Y es precisamente por eso que son tan cuestionables», recalca el especialista.
Para Hough, el entramado de compañías offshore es la forma más evidente hoy en día de «corrupción legal».
Estos son mecanismos de los que se valen los poderosos para cometer actos que ante la justicia y los gobiernos no son del todo ilegales, «pero tampoco son correctos».
La «corrupción transparente«, que al igual que «corrupción legal», está conformada por dos conceptos que a simple vista no tienen relación entre sí.
Pero juntos evidencian «las diferentes formas» que tienen los poderosos para evadir sus responsabilidades fiscales.
«Los políticos no son tan tontos. Ellos encuentran la forma de evadir impuestos y ocultar dinero sin que sea del todo ilegal», explica Hough.
Billete sobre billete
Según el ICIJ, el dinero que se esconde en las offshore puede oscilar entre US$5,6 y US$32 billones.
Sin embargo, debido a su complejo entramado, es imposible saber con certeza la cifra real.
El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el uso de paraísos fiscales les cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta US$600.000 millones en impuestos perdidos cada año.
Entender el funcionamiento
Definir la corrupción no es tarea sencilla ya que cada país la entiende y define por separado.
Entonces lo que es corrupción en Estados Unidos quizás no lo es en Venezuela, Argentina o Rusia.
Pero sea donde sea, la corrupción tiene algunos puntos en común: es un acto deliberado (no es accidental) y representa abuso de poder y del que además se obtiene una ganancia que bien puede ser directa (en forma de dinero) o indirecta (fama, reconocimiento, cuotas de poder, etc.)
La corrupción y falta de transparencia empujan a la creación de paraísos fiscales: países o territorios que se caracterizan por aplicar un régimen tributario significativamente favorable a personas y compañías no residentes.
Las compañías offshore son entidades que se crean en un país distinto de aquel en el que reside su beneficiario. Y como ya se dijo antes, pueden ser completamente legales.
Hay una serie de razones legítimas por las que las personas pueden querer tener dinero y activos en diferentes países, como la protección contra ataques criminales o la protección contra gobiernos inestables.
El problema, como bien explica Hough, es cuando estas sociedades se crean en un entorno de opacidad y de confidencialidad.
Forzar las leyes
Romper las leyes trae consecuencias negativas que pueden acarrear incluso la cárcel, dependiendo del país donde se este.
«Entonces las fuerzo para que me sean favorables. Al fin y al cabo, ¿Quién va a investigar algo que no es ilegal?, se pregunta Hough.
Los paraísos fiscales y las compañías offshore no son la única forma de corrupción legal, a juicio de Hough.
Otro ejemplo es cuando un gobierno toma el control de una empresa y luego la vende a precios irrisorios, normalmente a grupos de empresarios ligados al poder.
Según Hough, fue algo visto durante la década de los 90 en la extinta Unión Soviética, pero que también se está viendo en algunas partes de Latinoamérica.
Entonces, si son legales, ¿por qué tiene tanta importancia?
«Sin embargo, la corrupción afecta a las actividades cotidianas. En los países pobres puede tener formas muy agresivas».
¿Cómo se cambian entonces las condiciones para que la corrupción sea tomada más como una actividad ilícita sin el amparo de los poderosos?
«Es la pregunta del millón», asegura Hough.
