“Xenofobia institucional hacia el migrante venezolano se demuestra desde la imposición de visados hasta la militarización de fronteras”

Con un flujo de personas que ya supera los seis millones, de migrantes forzados o refugiados, muchos países han visto llegar a poblaciones venezolanas numerosas, generando en muchísimos casos, dentro de las comunidades receptoras situaciones de xenofobia y restricciones institucionales.

Este es un fenómeno que escala desde los ciudadanos comunes hasta quienes ostentan cargos de relevancia, en las estructuras de los Estados.

Hasta la fecha, los países que piden visa a los venezolanos se ha elevado a 98, de los cuales 22 corresponden a Latinoamérica.

Paralelo a ello, las deportaciones desde otros territorios, como Estados Unidos,

también se mantienen e, incluso, se han incrementado los casos de tratos violatorios de los Derechos Humanos, como lo ocurrido recientemente con Trinidad y Tobago.

“Los receptores sienten rechazo por quienes llegan y lamentablemente ocurren desde las formas más sutiles, que se le habla a una persona venezolana de forma diferente, se le niega un trabajo, o se le da un trabajo y no se le paga (…) hasta las formas más graves como los incidentes que hemos visto justamente en países como Chile, Colombia, Perú, donde ha habido actos violentos, en los que  incluso se les han quemado sus pertenencias en plazas que usaban como lugar para dormir», indica a Cima News Carolina Jiménez Sandoval, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Aclara que este fenómeno, conocido como «xenofobia social» ha pasado a ser más institucional o política, lo que es tremendamente grave.

«Muchos líderes locales o regionales aprovechándose de ese rechazo al inmigrante venezolano, han utilizado esto para hacer campaña política y promesas electorales de restricción de entrada o de deportaciones masivas.

Y añade:

Por su parte, la xenofobia institucional hacia el migrante venezolano se demuestra a través de la imposición de visas, militarización de fronteras, entre otras».

Explica que la xenofobia tiene un componente altamente negativo

en contra de los DD.HH. de las personas migrantes y refugiadas.

Detalla que si bien las causas de la migración forzada son multifacéticas no cabe duda que la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela es un factor fundamental, que ha hecho que muchas personas se vean forzadas a dejar sus hogares. 

“La imposibilidad de tener un proyecto de vida, con sueldos que no les permiten cubrir una parte mínima de la canasta básica, y que se traduce en que un tercio de la población se encuentra en inseguridad alimentaria son causas que persisten y que llevan a que muchas personas se vean obligadas a huir a otros países”. 

Manifiesta que si bien los factores de exclusión son multidimensionales, no se puede subestimar el peso de la emergencia humanitaria compleja.

“Una visa no detiene su necesidad de migrar”

La directora de WOLA no ve justificable una imposición de visado contra las poblaciones migrantes cuando la razón de su huida sigue estando presente.

“La imposición de visas contra personas que bajo el Derecho Internacional de los DD.HH., sobre todo en los estándares interamericanos del derecho al refugio, no puede ser justificable; pero son instrumentos políticos que están usando distintos países para evitar la llegada de venezolanos a sus territorios

Y también lo hacen para

 para impedir el tránsito para llegar a un tercer país (como es el caso de México, quien impuso visas para evitar llegar a EE.UU.)”.

Insiste que son grandes los desafíos que tienen los países para poder manejar estos flujos migratorios que en muchos casos son numerosos.

“La imposición de visas lo único que hace es incrementar los riesgos de las personas en movimiento; porque las razones por las cuales huyen siguen vigentes. Que le impongan una visa no detiene su necesidad de migrar. Lo único que hace es someter a esta persona a que utilice rutas clandestinas para poder llegar a su destino”.

Detalla que el uso de rutas alternas para lograr ingresar a algunos países

por lo general los expone a mucho más riesgos. 

“Hay un gran reto en cuanto a lo que realizan los Estados y lo que han hecho. En primer lugar, es necesario que los países  fortalezcan sus sistemas internos de asilo. Ya sea a través de la expansión de las oficinas donde se tramitan, de que deben tener un presupuesto adecuado estos sistemas de protección, pero que también establezcan otros tipos de regularización migratoria para la población venezolana migrante, en caso de no tener un sistema de asilo lo suficientemente robusto. Debe haber una política pública de cada país en materia de refugio”.

Asegura que en los cruces fronterizos debe haber oficiales de protección capacitados

para atender a las necesidades de las personas dependiendo de sus grupos diferenciados. 

“Mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad, cruzando fronteras y que estas últimas estén fuertemente militarizadas ya esto habla muy mal de la falta de preparación que están implementando los países que están recibiendo”.

 

“Si hay niños y niñas migrantes no acompañados

¿Cuáles son las políticas que tienen los diferentes Estados por los cuales están transitando? ¿Qué va a ser en el caso de mujeres embarazadas? No hay una política regional, no se ha podido construir, donde quede asentado que desde Venezuela se está migrando hacia toda la región”.

Para Jiménez muchas de las fronteras continúan siendo evidencia tangible de violaciones a los DD.HH., los cuales deben ser denunciados.

“Particularmente la frontera entre Bolivia y Chile se ha convertido en un paso doloroso. Han habido muchas devoluciones forzadas por parte del gobierno chileno. Una frontera donde se están viendo violaciones a los DD.HH. serias por lo que hay que seguir monitoreando la situación y denunciándola. Lo cierto es, que los factores de expulsión están presentes”. 

Destaca la labor de las agencias internacionales en la construcción de albergues temporales para los migrantes venezolanos en la frontera entre Bolivia y Chile.

“Siempre es bienvenido que agencias internacionales y organizaciones humanitarias puedan prestar refugio a quienes tienen días caminando o meses viajando, pero todos estos refugios tienen que ser temporales; ya que, estas personas deben de la forma más expedita de regularizar su situación migratoria, bien sea a través de un asilo u otro mecanismo”.

“Los migrantes molestan más cuando son pobres”

Para Yiniba Castillo, investigadora del fenómeno migratorio venezolano en Chile desde la Fundación Mujeres Migrantes, insiste que tanto la aporofobia como la xenofobia conviven y confluyen alimentando a su vez por un discurso gubernamental antimigración.

“Ha habido una junta de varias fuerzas (xenofobia y aporofobia), siendo, por ejemplo, uno de los actos más significativos el que tuvo lugar en septiembre del año pasado cuando se empezaron a ver manifestaciones anti inmigrantes en Iquique, Chile, y eso fue muy alimentado por las últimas elecciones donde uno de los candidatos habló fuertemente en contra de la migración».

Afirmó:

que eso también fue alimentado por todas las acciones que tomó el gobierno a raíz de las crisis migratoria por los pasos de Chacalluta, que se tradujo en la expulsión de 800 personas (buena parte de nacionalidad venezolana) a través de vuelos especiales.

«Esos vuelos estuvieron acompañados de una cobertura mediática terrible para desincentivar la migración a través de esos actos”.

Destaca que lo que está sucediendo en el norte de Chile es una situación crítica, en donde, no sólo se junta la xenofobia de las personas sino la xenofobia institucional. 

“Los migrantes molestan más cuando son pobres y eso tiene toda una razón estructural para que sea de esa manera».

Detalla, que en general los procesos de migración en Chile fueron abandonados por el gobierno de Piñera, en el sentido de, que hay poca transparencia por parte de las instituciones.

«Lo que sucede es que tienes a un número considerable de personas que no tienen una regularización, no porque no quieran hacerla, sino porque el Estado ha sido ineficiente para poder regularizarlos”.

Agregó que esto al final se traduce en vulnerabilidad económica para las personas migrantes y que termina afectando a todo el aparato económico del país.

«Estas personas buscando un trabajo sin tener carnet vigente produce que haya discriminaciones”.

Catillo agrega a su vez la posición de la mujer migrante venezolana quien también deben enfrentar la misoginia. 

“Las mujeres son mucho más vulnerables por tener que enfrentarse a su condición de mujeres. Eso trae que sea mucho más probable la vulnerabilidad económica, siendo estas las que son más discriminadas a la hora de obtener un trabajo y teniendo por lo general la responsabilidad del trabajo doméstico o el cuidado de familiares y niños».

Destacó que además, las personas migrantes de origen caribeño son sobresexualizadas.

«Lo que las hace potenciales víctimas de acoso sexual laboral, violencia sexual y de género, e incluso la trata de personas para fines sexuales y laborales”.

Reconocimiento de violaciones a los DD.HH.

Revela que en el marco de las expulsiones que hizo el gobierno de Sebastián Piñera en 2021, y posteriormente condenadas por Human Right Watch y la Corte Suprema de Chile, se dejó evidencia del mal accionar por parte del Estado chileno contra los afectados. 

“En ese hecho no se permitió que se realizaran llamadas telefónicas a sus familiares, no se permitió apelar la decisión, donde hubo separación de familias, y además se tomó una decisión masiva; cuando la norma internacional establece que cada caso de expulsión se lleve de forma individual, esto es un resumen de las más claras violaciones a los DD.HH. que se hacen contra las personas migrantes en Chile”.

Explicó que hay una sistematización de estas violaciones que impiden sean documentadas de forma tan detallada porque se dan desde las mismas instituciones.

“Antes que se diera el desalojo en plaza Brasil por parte de la turba de la manifestación, ya habían actuado Carabineros en contra de los migrantes. Desde las mismas instituciones gubernamentales constantemente están violando DD.HH. de los migrantes”.

Emergencia humanitaria y algunas cifras

Actualmente en Chile la población venezolana es la comunidad migrante más grande que existe.

“En este país el 7 % de la población es migrante, alrededor de 1 millón y medio de personas, de los cuales 450 mil son venezolanos».

Por ende, un tercio de la población entonces son venezolanos, dice.

«No es secreto que la emergencia humanitaria venezolana no tiene precedentes en nuestro continente”.

Es enfática al insistir que el abordaje no debe ser sólo de protección a las personas migrantes.

“Sino que también implica un esfuerzo de trabajo mancomunado para buscar solución a las aristas más dramáticas de la emergencia humanitaria”.

Sentenció:

“Si no se soluciona el problema interno venezolano todo el continente se va a seguir viendo afectado por lo que ha sido la migración masiva”.

“Territorio hostil”

Denuncia que se han abierto pasos terrestres respondiendo a los distintos contextos, no solamente de Venezuela en particular, sino del continente. 

“Cuando la migración hacia Colombia se empezó a ver saturada, esos mismos pasos terrestres se empezaron abrir hacia el sur llegando hasta Chile o Argentina».

Dice que cuando Chile comienza a convertirse en un «territorio hostil» para las personas migrantes empiezan a tomar importancia los pasos hacia el norte del continente.

Señala que mientras más complicado sea el paso terrestre

a estas olas migratorias venezolanas “más probable es que terminemos ocupando las rutas que utiliza el propio narcotráfico”.

“Eso vulnera el bienestar, las garantías de nuestros connacionales que deciden emprender estos caminos. Definitivamente, la situación venezolana mientras más dramática se ponga más caminos serán creados para buscar salidas”.

Actuación de los Estados

Castillo insiste que lo ideal sería que actuarán como demanda la norma internacional, acuerdos que los estados han firmado. 

“Esto pasa por el reconocimiento de que existe una emergencia humanitaria y de esa manera poder actuar en conjunto para proteger a los migrantes”.

“Tenemos al contrario una dinámica de sálvese quien pueda, donde los países cierran sus pasos para desincentivar pero finalmente lo que termina sucediendo es vulnerabilizar”.

Accionar internacional y giro político

Ante la construcción de refugios por parte de la ONU en la frontera Chilena con Bolivia, considera que el tener la vigilancia de los organismos internacionales podría garantizar que la actuación del Estado esté apegada al derecho internacional. 

“La idea es que esto sirva para que el territorio de la frontera, que es sumamente hostil, pueda garantizar las normativas básicas de recepción de refugiados dando un cambio para mejor”.

Destaca la importancia que podría significar el giro político que se va a dar pronto en Chile.

“Es importante analizar si el gobierno de Gabriel Boric va a saber manejar la crisis de una manera inteligente y eficiente en materia de protección de DD.HH. que es importantísimo. Comunicacionalmente sabemos que han estado abiertos a las políticas de protección, pero queda por ver el trabajo dado”.