Violencia de grupos armados irregulares en la frontera obliga desplazamiento de venezolanos
Las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos atroces a los residentes locales durante varias operaciones contra grupos armados en la frontera con Colombia. Además de encontrar agentes policiales en varias zonas fronterizas con acciones ilegales.
Esta organización policial abrió la ofensiva en el estado Apure el 21 de marzo de 2021, con el supuesto propósito de combatir a los grupos armados en Venezuela. El operativo derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, enjuiciamiento de civiles en tribunales militares y tortura de vecinos acusados de colaborar con grupos armados.
Los abusos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en el país. Esto ha llevado a muchas familias tener que movilizarse debido a los constantes conflictos.
Venezolanos viven desde hace años en la violencia
Los habitantes de la frontera entre Colombia y Venezuela han sido sometidos en años recientes a condiciones de violencia e inseguridad que vulneran sus derechos fundamentales. Mientras voceros oficiales alardean del ejercicio pleno de la soberanía, grupos armados irregulares ejercen control sobre territorios que no cuentan con la protección y el control del Estado venezolano que ha dejado un espacio abierto para que ejerzan su poder a través del hostigamiento y el terror.
Indígenas también desplazados
No sólo los venezolanos que están en la frontera también grupos indígenas son obligados a desplazarse.
Adriana González, ex alcaldesa de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, explicó a activistas de FundaRedes que la acción de los grupos armados irregulares ha dividido a estas comunidades: “Hay algunos piaroas que trabajan para las minas y hay otros que están tratando de resguardar el medio ambiente”.
Detalló que debido al trabajo en las minas fueron asesinados este año de dos indígenas, uno de ellos José Dacosta, perteneciente a la etnia jivi, después de haber tomado por equivocación una lancha de un guerrillero, y la maestra María Hernández, quien se trasladó a trabajar a las minas ante las precarias condiciones del sistema educativo en la zona.
Los 44 pueblos originarios que habitan en Venezuela, además de algunas etnias seminómadas que deambulan de un lado a otro de la frontera con Colombia y Brasil, están expuestos a las violentas acciones de grupos armados irregulares que controlan el paso de personas y mercancías, así como de productos de tráfico ilícito como el combustible, los minerales derivados de la explotación irracional del suelo y cualquier tipo de sustancia estupefaciente.
Daños al ecosistema
Espacios ricos en recursos minerales son hogar ancestral de numerosos pueblos indígenas que hoy se sienten amenazados no sólo por los grupos irregulares, sino también por los agentes políticos del Estado.
Uno de esos espacios lo constituye la extensa franja de territorio denominado “Arco Minero del Orinoco” que abarca una superficie de 111.846,46 Kms.2 al sur del país, y desde antes de recibir esa denominación ya estaba afectada por las acciones devastadoras de los órganos del Poder Público y otros actores al margen de la ley.
Explotación sin control
Sometido a procesos de extracción de diversos minerales explotados a gran escala y sin control tales como hierro, aluminio, bauxita y más recientemente oro, coltán y diamantes como acción estratégica del Estado para tratar de cubrir el déficit de ingresos por concepto del petróleo, el Arco Minero del Orinoco vive una agresiva, irracional y desordenada explotación, pues se calcula que desde el año 2016 han sido destruidas por la minería cerca de 1.200 hectáreas de selva virgen del estado Bolívar, en frontera con Brasil.
Desplazamiento por miedo
González explica que muchas comunidades se desplazan de sus territorios ancestrales por miedo a amenazas a ser víctimas de esclavitud moderna porque son obligados a trabajar para los grupos armados. “O te sometes o te tienes que ir, y ellos se someten a trabajar por una cantidad de dinero absolutamente irrisoria”, asegura.
Recientemente, en agosto de 2021 comunidades autóctonas ubicadas en el estado Amazonas en frontera con Brasil denunciaron el ingreso de garimpeiros armados. La comunidad Simoda Wicho está a 7km del sitio de explotación donde está asentado un grupo de garimpeiros, en el municipio Manapiare, muy cerca del límite con Brasil.
FundaRedes ha denunciado
FundaRedes tiene en su poder las coordenadas de ubicación y esa información fue entregada a las autoridades venezolanas. Allí hay dos helicópteros y una pista de aterrizaje para transportar entre 40 y 100 kilos de oro a diario, de acuerdo con la información recabada por nuestros activistas en la zona, que han contabilizado cerca de 400 de estos garimpeiros armados y 30 máquinas haciendo minería ilegal.
Adicionalmente, habitantes de los pueblos Yekuana y Sanema aseguraron que se cometieron asesinatos de líderes indígenas que promovieron la denuncia sobre la irregularidad.
