Caso Venezuela: “Dentro del país no se están abriendo los canales necesarios para que las víctimas tengan justicia”

Los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, al menos desde 2017, continuarán siendo investigados por la Corte Penal Internacional (CPI); pese a los esfuerzos de la administración madurista que pretendía desestimar el proceso.

El despacho encabezado por el jurista británico Karim Khan, expresó su deseo de continuar con las investigaciones relacionadas con las gravísimas; y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.

La petición figura en la comunicación que el pasado 20 de abril, la Fiscalía le envió a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos); y en la cual anuncia que le solicitará a esta instancia que «autorice la reanudación de su investigación en virtud del artículo 18(2) del Estatuto (de Roma)».

Asimismo, le requirió que “solicite observaciones de las víctimas o sus representantes legales, así como de otros participantes interesados”.

La solicitud de Khan se produce luego de que el 16 de abril venciera el lapso que les había dado a las autoridades venezolanas para que le informaran de las acciones que habían tomado,

a fin de castigar los crímenes constatados por su despacho; y casi dos semanas después de que el funcionario realizara su segunda visita a Caracas en menos de seis meses.

Ante ello, Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés); asegura que a pesar de la “política de cooperación” el régimen venezolano niega que existan razones que justifiquen una investigación.

“La posición es que dentro de Venezuela se realizan procesos de justicia efectivos, cuando se cometen violaciones de Derechos Humanos; y que en el país no hay comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Insiste que afortunadamente, la CPI a través de su Fiscalía, ha determinado que ambas premisas no son ciertas.

“Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que por sus características lesionan a todos, por lo tanto no prescriben. Por ende, compete a toda la comunidad internacional monitorear y buscar que se logre justicia cuando han sido cometidos. Además, tienen unas características particulares, siendo algunas sistemáticas o generalizadas. Entonces, no son casos aislados. No son crímenes que se cometen sin que exista un plan o coordinación de parte de las autoridades; y de quienes ejercen la acción para que esto finalmente ocurra”.

Detalla que desde el Estado se niegan las violaciones de DD.HH. que se han cometido durante estos últimos años cumplan con esas características descritas.

“Lo cierto es que la misión de determinación de los hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como los informes de diversa organizaciones nacionales e internacionales han demostrado con mucha seriedad que las violaciones en el país; sobre todo cuando se trata de: detenciones arbitrarias, persecuciones políticas, tortura, entre otros no son casos aislados. Por el contrario, responde a patrones específicos de violaciones múltiples de DD.HH.; que se han cometido con el conocimiento o la coordinación directa de altas autoridades”.

Explica que la Fiscalía correctamente determinó que tiene jurisdicción para ejercer no sólo una investigación sino que además se puede llevar a cabo porque dentro del país:

«No se están abriendo los canales necesarios para que las víctimas tengan justicia. Ante ello, la Fiscalía decide que puede tener un rol de complementariedad; ya que, dentro del sistema venezolano no se cuenta con procesos efectivos y eficientes de justicia».

Sometimiento por parte del Ejecutivo

Jiménez dice que en el país no existe una correcta división de poderes, situación que propicia la vulneración de los derechos.

“Hay que dejar muy claro que a esta conclusión se llega porque en Venezuela, el sistema judicial está sometido al poder Ejecutivo; y al no ser independiente es más bien un arma de persecución que no garantiza justicia a quienes han visto vulnerados sus derechos fundamentales”.

Investigar a los individuos

Aclara que la CPI es una corte que no investiga a los Estados sino a los individuos. Es decir, a personas que han tenido la responsabilidad cometiendo crímenes de lesa humanidad; de guerra, genocidio, actos de agresión, según sea la competencia de la Corte.

“Una vez que se identifique a los posibles responsables pasa a ejercer su jurisdicción y a establecer esas responsabilidades con sus debidas consecuencias penales. En este momento, en el caso Venezuela, la Corte no ha señalado a ninguna persona en específico; pero la investigación apenas comienza”.

Detalla que si en efecto la investigación avanza y la Fiscalía identifica a los individuos en específico como posibles responsables de estos crímenes.

“Entonces ya pasaremos a otra etapa, donde se podría solicitar su comparecencia o en otros casos emitir órdenes de detención; pero para ello todavía falta que avance mucho la investigación. Esto sin duda representaría un acto muy importante de la justicia penal internacional. Esto repercute muchísimo en la imagen internacional y nacional de estos individuos”.

Precedentes de no cumplimiento

Si hipotéticamente las personas involucradas en estos hechos, no acataran los llamados de la Corte; efectivamente estaríamos en una situación de no cooperación del propio reglamento de la instancia internacional.

“Lamentablemente, hay precedentes donde a pesar de que existen órdenes de aprehensión, particularmente de expresidentes; que han sido señalados como posibles responsables de crímenes muy graves al derecho internacional, estos no se presentaron. Algunos países incluso que debieron haber acatado las órdenes de aprehensión no lo hicieron”.

Manifiesta que las cortes internacionales no tienen un sistema para hacer cumplir sus órdenes como sí lo posee un sistema nacional de justicia, donde están involucrados los organismos de seguridad.

“Sin embargo, cuando se tiene un llamado a una comparecencia de índole internacional su vida se complica muchísimo en términos de movilidad; así como de su propia legitimidad como alto oficial de un gobierno”.

“Patrón de impunidad”

Para Liliana Ortega, directora de COFAVIC; el Estado venezolano ha manifestado públicamente que tiene varias investigaciones en curso con respecto a posibles violaciones a los Derechos Humanos.

“El Ministerio Público (MP) en septiembre de 2021 y en enero de 2022 informó al Comité de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos, ambos de ONU; que durante los últimos años (2017 a 2021) se han iniciado 4.890 investigaciones sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Acusando a 731 funcionarios y solo en 118 se han obtenido condenas, es decir solo en el 16% de los casos. Con respecto a denuncias de tortura, en 3 años se acusaron 325 funcionarios siendo condenados solo 26; lo que corresponde al 8% de los casos. Cifras que revelan la existencia de un patrón de impunidad en casos de Derechos Humanos”.

Ortega insistió que desde la Corte se están evaluando crímenes de lesa humanidad, según lo establecido por el Estatuto de Roma; lo que quiere decir que existen diferencias sustanciales en los procesos investigativos.

“Las responsabilidades no pertenecen solo a los autores inmediatos, que son aquellos que ejecutan el crimen materialmente; sino que el sistema de la Corte Penal Internacional investiga todos los niveles de responsabilidades”.

Manifiesta que desde el Estado no solo debe haber voluntad de resolución, sino capacidad de ofrecer resultados concretos.

“Explicó que la información que envíe el Estado debe cumplir todos los requisitos de investigación bajo estándares de derecho penal internacional, y debe demostrar que existe no tan solo una voluntad por parte de los órganos encargados de ejercer la acción penal en Venezuela; sino que existen capacidades efectivas y resultados concretos en los órganos de justicia sobre el juzgamiento de estos crímenes”.

“Carreras de resistencia”

Expresa que lo más importante de estos procesos es el establecimiento de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

“Estos procesos deben ser evaluados como espacios para que las víctimas se acerquen a procesos de justicia, y sobre todo para que se puedan establecer procesos de reparación integral; y para el establecimiento de garantías de no repetición”.

Detalló que los tiempos en los procesos internacionales no son rápidos, “son carreras de resistencia y mucha constancia”.

“Las víctimas deben encontrar en las organizaciones de la sociedad civil el soporte para acompañarlos en estos procesos»

Añadió que desde COFAVIC tienen tres décadas un acompañamiento con un enfoque psicojurídico.

«Esto nos permite aproximarnos a la realidad de la víctima no tan solo desde lo jurídico, sino considerando la posibilidad de retomar su proyecto de vida; destruido por la violencia».

Dilatar el proceso

Alí Daniels, abogado y representante de la ONG Justicia Venezolana; advirtió que desde el Estado se insiste en dilatar los procesos.

“No se puede olvidar que a lo largo de 2020 y 2021, sobre todo desde el Ministerio Público; hubo maniobras para intentar evitar el inicio de la investigación que sin duda retrasaron el paso del examen preliminar a esta nueva etapa. Asimismo, la decisión del fiscal Khan revela que en La Haya (Países Bajos) están bastante informados de lo que ocurre en el país”.

Dijo que este paso es otro más, dentro del complejo y largo proceso que se abre para esclarecer la verdad de los hechos ocurridos a partir de 2017.

“Cuando decenas de venezolanos perdieron la vida y miles más fueron detenidos, maltratados o torturados por ejercer sus derechos constitucionales a la protesta, libertad de expresión; y sobre todo, por defender la democracia”.