Tribunal condena a 15 años de prisión a militares por trato cruel
La fiscalía y los tribunales de Guanare, en Portuguesa, desempolvan los casos de violación de derechos humanos en los que se implica a agentes policiales y militares durante las protestas callejeras de 2014 y 2017.
El pasado 17 de septiembre concluyó el juicio oral a los acusados Yimberly del Carmen Silva, de la Guardia Nacional, e Irma Castillo y Elix Samuel Hernández, de la Policía del Estado Portuguesa (PEP).
A quienes el tribunal dictó sentencia condenatoria para una pena de 15 años y 6 meses de prisión. El juez ordenó la medida privativa de libertad inmediata, quedando detenidos desde la misma sala de audiencias; ya que venían enfrentando el proceso penal en libertad.
Los agentes están acusados por la Fiscalía Octava del Misterio Público con competencia en protección de derechos Humanos; quien activó el proceso penal a los investigados por hechos ocurridos en 27 de julio del 2017 en la población de Biscucuy, municipio Sucre.
Por la presunta comisión del delito de trato cruel; previsto en el artículo 115 de la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles y degradantes.
La víctima del delito
En este caso, fue Kleivy Vega y su adolescente hija (identidad omitida por razones de ley) quienes fueron detenidas y sometidas por la fuerza pública en el marco de las protestas del año 2017.
De acuerdo a la versión del Ministerio Público, ambas mujeres fueron golpeadas, heridas y detenidas en durante este evento, ocurrido hace más de cuatro años.
Según los familiares de los acusados y sus abogados defensores se conoció que el juicio se realizó en sesiones continuas y cuyo objeto era condenar sin fundamento a los funcionarios que legítimamente ejercieron funciones resguardo y seguridad del municipio Sucre, en Biscucuy.
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«Actuaron conforme a la ley, la protesta desencadenó en hechos violentos de obstrucción de vías, daños a la propiedad y resistencia a la autoridad y como consecuencia están detenidos varios ciudadanos entre los cuales figura la víctima», señaló uno de los familiares.
Cabe destacar que, a la fecha de la realización del juicio oral, la víctima se encontraba fuera del país. Está radicada en Bogotá, Colombia, desde hace tres años. Está imputada y goza de una medida cautelar sustitutiva de privación de libertad. Su caso judicial aún está en curso.
