Presos políticos: Muere Gabriel Medina acusado de complot contra Diosdado
Después de pasar un año y cuatro meses tras las rejas sin pruebas contundentes y acusado de un extraño complot para presuntamente secuestrar a Diosdado Cabello y entregarlo a la justicia internacional, murió la mañana de este domingo el prisionero político Gabriel Andrés Medina Díaz.
El exfuncionario del FAES no resistió a los múltiples problemas de salud que se le presentaron desde la sorpresiva detención en Caracas el 24 de abril de 2020, cuando el tribunal 5to de Control ordenó su aprehensión junto a Enrique Naurix Parada, conocidos ahora en el ámbito judicial como «los presos de Diosdado».
Durante meses requirió atención médica especializada privada y esta no habría sido autorizada por el tribunal que lleva la causa en Monagas, a pesar de la delicada situación y de que se señaló en el penal que tenía tuberculosis.
Fuentes cercanas al caso revelaron a la Alianza Informativa de The Latam Post y Cima 360 News que el viernes 27 de agosto ya escupía sangre, el Tribunal 4to sólo aprobó el traslado de Medina Díaz al Hospital Manuel Núñez Tovar, en Maturín, donde sólo le inyectaron vitamina K para tratar de detener el sangrado, pues no tenían cómo hacer los exámenes para poder hacer un diagnóstico preciso.
«La máquina no la podían prender porque ya la habían apagado y le dijeron que regresara el lunes», cuenta una de las fuentes consultadas por The Latam Post y Cima 360 News.
El sábado empeoró tanto su condición que los funcionarios del sistema carcelario y los militares se sensibilizaron y decidieron hacer un informe para justificar los motivos por lo que tenían que movilizarlo del centro de reclusión. En la clínica Tierra Santa le habrían practicado los exámenes correspondientes y con esa información ya en el hospital aceptaron ingresarlo.
Pese al intento del personal carcelario y de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana para que le salvaran la vida, el exfuncionario del FAES no logró resistir.
Medina Díaz, de acuerdo con fuentes cercanas a los implicados estaba emocionalmente muy afectado por haber sido involucrado en un caso del que decía no conocer ni entender nada. Incluso, señalaba que ni siquiera había tenido contacto en su vida con casi ninguno de los señalados por esta causa.
Con la muerte de Medina Díaz, su hija de 8 años queda completamente sola, porque su madre murió en diciembre de 2020 debido a un paro intestinal.
Un rompecabezas sin lienzo
Medina Díaz estaba detenido por el extraño y kafkiano caso del presunto plan para secuestrar al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, entregarlo a las autoridades estadounidense y cobrar la recompensa de 10 millones de dólares.
Esta historia, llena de lagunas, maquinaciones y artificios, se remonta al mes de marzo de 2020, luego de que Estados Unidos hiciera pública la recompensa que ofrecían por ayudar a capturar a uno de los hombres por el que están dispuestos a pagar uno de los mayores incentivos.
Para entender este caso debemos comenzar por Luis Villarroel, un residente de El Furrial, el mismo poblado de donde es oriundo Cabello y quien además era trabajador de la industria petrolera y aparecía en twitter en una foto retratado con Cabello.
El hombre, comisionado de la clase obrera en El Furrial, habría recibido un mensaje en su celular explicando que se gestaba un plan para secuestrar a Diosdado Cabello para cobrar la recompensa.
Tras recibir estos mensajes, Villarroel se dirigió hasta el Puesto de la Guardia Nacional Bolivariana a la salida del Furrial, donde fue atendido por un Capitán de apellido Marcano.
«Luis, ya tengo el personal estratégico y el armamento para atrapar a Dios, sólo falta confirmar dónde resguardarlo hasta la entrega. Tocaremos en partes iguales. Próximamente tendrás información de otro número de teléfono. La libertad está cerca y seremos nuevamente libres», señalaba el mensaje que habrían enviado el 28 de marzo a través de la plataforma de WhatsApp desde el número +51 929809311, código Perú.
Villarroel, quien sostiene que ese mensaje era equivocado y de un número de teléfono que no aparecía entre sus contactos, recibió un segundo mensaje el 29 de marzo:
La denuncia de la recepción del mensaje alarmó a Marcano, quien presuntamente habría establecido comunicación con el comisario Marcelo Mayz, de la Dirección de Contra Inteligencia Militar, quien de inmediato informó el hecho a Estebán Cabello, José David Cabello y al general Rodríguez Sánchez.
Al día siguiente el teniente coronel Leonardo Gómez Acevedo, del Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas), se trasladó al Furrial para arrestar a Villarroel, según los testimonios de fuentes vinculadas al caso.
Este oficial habría sido clave para que se desencadenaran los hechos, ya que habría considerado que el caso iba más allá de un mensaje equivocado recibido por el sindicalista, indicaron las fuentes.
El hecho de que familiares de Villarroel hubiesen emigrado a Perú habría sido uno de los elementos que les llevaron a considerarle sospechoso, a pesar de que él mismo fue quien acudió directamente a la institución militar a poner la denuncia.
A partir de ese momento se comenzaron a registrar detenciones en Monagas y en Caracas. La mayoría de los detenidos fue por otros supuestos casos y no se enteraron de lo que les señalaban hasta ser presentados en el juzgado.
La hipótesis de vínculos de un complot para atrapar a Cabello sorprendió a más de uno de los acusados, quienes no se explican cómo hay quienes podrían pensar que ellos, personas sencillas, sin dinero y sin ningún tipo de relación con el poder, iban a tener la capacidad para quebrantar a los profesionales y fuertes anillos de seguridad que protegen al exmilitar golpista.
Tras una cacería de supuestos implicados fueron enviados a prisión Luis Villarroel, Carlos Pérez, César Belfort, Daniel Aguilera, Francisco Marcano, Víctor Farías, Enrique Parada, Gabriel Medina (fallecido) y José Ramón Cruz.
Ellos son los privados de libertad de los que normalmente nadie quiere saber para «evitar problemas». Son los presos que resultan incómodos incluso para algunas organizaciones que han asumido la defensa de los prisioneros políticos del país. Son de los que nadie quiere hablar porque son los presos de Diosdado Cabello.
Se les ha acusado de traición a la patria, conformación de grupos armados, asociación para delinquir y tráfico de armas y munición.
Ocho de estas personas se encuentran recluidas en la cárcel de La Pica en Maturín, estado Monagas y solo José Ramón Cruz se encuentra detenido en el calabozo del CONAS y actualmente también presenta serios problemas de salud tras caer de una hamaca donde dormía por el hacinamiento carcelario. Tiene fuertes dolores, incluso, dolor de pecho.
Todos los acusados pidieron la libertad, excepto Villarroel, que pidió pase a juicio.
