“¡Nos vamos a rendir! ¡Dejen de disparar!”: Cuatro años de la masacre en El Junquito

El asesinato de Óscar Pérez, un oficial que se opuso al gobierno venezolano, en 2018 fue un momento en la historia que los venezolanos nunca olvidarán. Donde un hombre, junto a otros lo único que querían era liberar a Venezuela de un gobierno que ha estado consumiendo sus recursos.

La tarde del 15 de enero de 2018,

aproximadamente 500 efectivos del orden público, militares y policías venezolanos acordonaron y se cercaron a una casa colgada en las colinas de El Junquito, una parroquia en el oeste de Caracas.

El objetivo era Óscar Alberto Pérez, líder del Movimiento Equilibrio Nacional (MEN), un grupo rebelde que había estallado en el centro de atención nacional apenas seis meses antes. Exactamente, diez horas después, los cuerpos de Pérez y otras seis personas presentes en la casa con él ingresaron por las puertas de la morgue de Bello Monte en Caracas.

Ejecución extrajudicial

Pérez y otras seis personas fueron asesinadas el 15 de enero en la localidad de El Junquito, cerca de Caracas. Sin embargo, la evidencia sugiere que Pérez pudo haber sido ejecutado extrajudicialmente. Previo a su muerte, Pérez publicó varios videos en las redes sociales afirmando que él y sus compañeros estaban siendo atacados y que estaba negociando con las autoridades para entregarse.

Una copia de su certificado de defunción indica que la causa de su muerte fue un único disparo en la cabeza, que le fracturó el cráneo. Al menos otros tres murieron por heridas similares. La hermana de una de las víctimas dijo, tras ver el cadáver de su hermano, que tenía la cabeza “destrozada” y que vio un orificio de bala que entraba y salía de su cabeza. Ella dijo que había sido “masacrado”.

Imágenes de cadáver de Óscar Pérez

Luisa Ortega, en el año 2019 mostró imágenes fuertes dónde se mostraba la masacre que hubo aquel día. «Enviaré en los próximos días a la @IntlCrimCourt la fijación fotográfica de las víctimas de la #MasacreDelJunquito y del sitio del suceso. Esa evidencia no deja ninguna duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad» escribió en Twitter

«Este registro de más de 300 fotos, irá acompañado de un informe forense que certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía. Ya conversé con algunos familiares de las víctimas antes de esta publicación» puntualizó en el tuit. 

Recuento de lo sucedido antes de la masacre en El Junquito

En 2017, Pérez publicó varios videos en las redes sociales llamando al pueblo venezolano a rebelarse contra el gobierno “tiránico” de Venezuela. En junio arrojó una granada desde un helicóptero al edificio de la Corte Suprema y en diciembre supuestamente robó armas de fuego de una base de la Guardia Nacional Bolivariana.

Durante años, Venezuela ha sufrido una crisis política y económica tras la presidencia de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro. Mientras trabajaba como agente del orden público, Óscar Pérez afirmó que fue testigo de profundos niveles de corrupción dentro de la estructura del Gobierno Bolivariano, experimentó la colaboración entre las autoridades estatales; junto a  las bandas pro gubernamentales conocidas como Colectivos en actos de robo y extorsión mientras observaba el movimiento de cocaína por funcionarios del gobierno con total impunidad, señalando a Néstor Reverol como un funcionario que obstaculizó sus investigaciones sobre los hechos.

Pérez expresó en entrevistas cómo había pensado durante algún tiempo en incorporar sus habilidades de helicóptero en una protesta. Finalmente, a mediados de junio de 2017, el hermano de Pérez fue asesinado cerca del Parque Carabobo en Caracas. Se determinó que su hermano fue asesinado a puñaladas por el robo de su celular.

Video difundido para acabar con la «tiranía»

Semanas después, en la tarde del 27 de junio de 2017, se difundió un video que muestra a hombres con fusiles de asalto flanqueando a Pérez, diciendo: «Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Esta lucha no es con el resto de las fuerzas del Estado, es contra la tiranía de este gobierno».

Horas después de la difusión del video,

Pérez fue visto pilotando un helicóptero del CICPC sobre el Tribunal Supremo de Justicia con una pancarta al costado que decía «350 Libertad», una referencia al artículo 350 de la constitución que establece que: «El pueblo de Venezuela desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que viole los valores, principios y garantías democráticos o atente contra los derechos humanos».

Mientras el helicóptero se encontraba cerca de la Corte Suprema, se escucharon disparos en la zona. El presidente Maduro afirmó que se había producido una rebelión militar, mientras que funcionarios de la oposición dijeron que las acciones fueron escenificadas para que Maduro pudiera justificar una represión contra quienes se oponen a su gobierno y la asamblea constituyente.

Borrando evidencias

El régimen venezolano y sus funcionarios actuó después de la redada en El Junquito como si su objetivo fuera borrar cualquier pista sobre lo que sucedió ese día. La casa de seguridad donde Pérez y otros seis rebeldes se escondían cuando fueron asaltados fue arrasada por completo.

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, una fuerza de seguridad militar, limitaron el acceso a la morgue donde se realizaban las autopsias de los cuerpos. Durante los días siguientes, las autoridades negaron a los familiares el acceso a los cuerpos.

También ignoraron los deseos de las familias, que querían decidir cuándo, dónde y cómo enterrar a sus seres queridos. El cuerpo de Pérez, el último en ser enterrado, fue trasladado de urgencia a un cementerio de Caracas antes del amanecer del 21 de enero. Sólo dos familiares pudieron estar presentes en su entierro.