¿Maduro se lava la cara? Lo que habría detrás de las detenciones de narcotraficantes y represores

Luego de más de dos años, un tribunal venezolano sentenció a 30 años de prisión a dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por el homicidio y tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años. Con esta decisión sobre represores, y otras que involucran detenciones por redes de narcotráfico y contrabando de combustible, la administración de Nicolás Maduro busca limpiar su imagen ante la Corte Penal Internacional.

El caso de Acosta Arévalo

sería clave para tratar de lavarse la cara porque es investigado incluso por el Tribunal Penal Internacional (TPI), que está realizando una evaluación sobre si se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela en manos del chavismo.

Sin embargo hay un panorama borroso sobre el homicidio del capitán de corbeta, pues el Ministerio Público no ha detallado quiénes dieron la orden de torturar salvajemente a Acosta Arévalo y provocar su muerte, reseña ABC.

Sentencia dudosa

Ascanio Antonio Tarascio (23 años) resultó condenado por la muerte de Acosta Arévalo. Formado como militar por el chavismo, lo condenaron a 30 años de prisión junto al sargento Estiben Zárate Soto. Ambos estaban presuntamente a cargo del preso militar en un centro de Inteligencia y le habrían torturado hasta provocarle la muerte.

Los detenidos por narcotráfico y contrabando de combustible

Junto a dos diputados chavistas, autoridades de Maduro detuvieron la semana pasada por narcotráfico a Keyrineth Fernández, alcaldesa chavista del municipio Jesús María Semprúm, del estado Zulia. Fernández resultó electa en las elecciones regionales celebradas en noviembre del 2021. En la camioneta de la alcaldesa chavista hallaron siete kilos de droga, los trasladaba hacia el estado Falcón.

Por su parte Carlos Vidal, alcalde de Independencia, terminó detenido el sábado por desvío y contrabando de combustible. Junto a él arrestaron a Juan García Barragán, funcionario de la estatal Petróleos de Venezuela, y otras dos personas de alto nivel de la Guardia Nacional. Durante la semana pasada, se anunció la detención de Daniel Haro Méndez, otro alcalde en Anzoátegui presuntamente vinculado a la red de contrabando.