Maduro acelera proceso de devolución de bienes expropiados
Luego de que el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, comenzara una ola de expropiaciones de bienes; y las destruyera por completo, ahora en el 2022; Nicolás Maduro, devolverá algunos bienes, eso sí, sin indemnizaciones o pagos compensatorios.
Este proceso permitirá nuevamente el regreso de esos bienes a sus dueños originales; la mayoría fincas destruidas y saqueadas por la fallida gestión estadal. No hay tanta información sobre este hecho, han tratado de manejarlo por debajo de la mesa sin grandes anuncios.
¿Se reactivará el capital productivo en Venezuela?
El caso más resaltante de la devolución de bienes a sus dueños es el caso del Centro Comercial Sambil, que pertenece a la familia árabe Cohen; y que tenían meses en negociaciones con altos mandos del gobierno de Maduro.
Los ministros del área económica y comercial, con la autorización de Nicolás Maduro, conducen el cronograma de entregas. Desarrollado con objeciones y resistencias en el sector chavista.
“La comunicación del oficialismo con el empresariado es fluida, señalan las fuentes consultadas. El régimen, algunos empresarios y varios sindicatos planean convocar para finales de este mes al Foro de Diálogo Social; con Maduro ejerciendo de árbitro. Esto, en presencia de funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo”; informó de manera extraoficial un miembro del equipo negociador, conformado para frenar también con las devoluciones; una serie de millonarias demandas internacionales contra las expropiaciones.
Fincas devueltas a sus dueños
En el área agraria, el régimen de Maduro y los empresarios discuten la devolución de bienes expropiados a sus dueños originales; como hato El Rodeo, ubicado en el estado Guárico, de 3.600 hectáreas.
Asimismo, el Hato Las Mercedes, en Barinas, con 14.000 hectáreas; el Fundo San Roque, en el estado Zulia, de 176 hectáreas; y la Escuela Agronómica Salesiana San José, en Barinas, de 1.800 hectáreas.
También el Fundo San Antonio, en el estado Yaracuy, de 1.200 hectáreas; el Fundo Buena Esperanza, en el Zulia, de 900 hectáreas; y el Hato Cristo/El Trébol, en el Estado Mérida, de 530 hectáreas.
Destacan, además, el Fundo San Felipe, en el estado Zulia, de 275 hectáreas; la Hacienda Bolívar, en el estado Zulia, de 4.000 hectáreas; o el Hato El Zamuro, en el Estado Portuguesa, de 6.200 hectáreas.
Salvo algunas excepciones, lo habitual es que el Ejecutivo de Maduro regrese estas propiedades que antes funcionaban a la perfección, destruidas e inoperativas. También han querido devolver algunas empresas de la industria manufacturera como: Servicios AgroIsleña, Aceites Diana; la siderúrgica Sivensa; pero el ofrecimiento ha sido renuente.
Chávez negaba que haría expropiaciones
El gobierno de Chávez expropió numerosas empresas involucradas en varios sectores, incluidos el aluminio, el cemento, el oro; el hierro, el acero, la agricultura, el transporte, la electricidad, la producción de alimentos, la banca; el papel y la industria de medios de comunicación. El número de empresas privadas en la industria se redujo de 14.000 en 1998 a solo 9.000 en 2011.
Cabe destacar que en el año 2006, Hugo Chávez inició una toma progresiva de activos y empresas del sector privado.
Las empresas necesitan inversión para crecer y contratar nuevos trabajadores. Uno de los mayores fracasos del gobierno de Chávez fue alejar a los inversores nacionales y extranjeros. En 2011, América Latina disfrutó de un récord de más de $150 mil millones en inversión extranjera; con Brasil recibiendo $67 mil millones. Colombia recibió $ 13 mil millones; mientras que Venezuela recibió sólo $ 5 mil millones.
Para evitar la expropiación y encontrar inversiones, varias empresas venezolanas se mudaron a Colombia, Panamá y los Estados Unidos. Para entonces invocó el interés nacional y propuso la existencia de fórmulas alternativas de propiedad. Esto, luego de negar muchas veces que tuviera intenciones de hacerlo.
La ola de estatizaciones, expropiaciones, tomas y “rescates” de tierras en Venezuela, se efectuaba con el objetivo de “hacer justicia social y redistribuir la riqueza”, en palabras del propio Chávez Frías.
Tal proceso alcanzó su etapa más álgida en los años 2010 y 2011, poco antes de que Chávez enfermara de cáncer.