¿Honor y gloria? Detenidos dos coroneles por tráfico de personas

Efectivos militares adscritos al Punto de Atención Ciudadana La Morrocoya, en el sector La Morrocoya de Maturín, estado Monagas, detuvieron a 15 sujetos, dos de ellos oficiales del Ejército por presunto tráfico de personas.

Supuestamente intentaban el ingreso de manera ilegal a los ciudadanos extranjeros.

Las personas se trasladaban

En tres vehículos particulares pertenecientes a los dos oficiales superiores identificados como coronel (A) Edgardo Jesús Bruzual Figuera, quien es plaza del Centro de Mantenimiento Aeronáutico de la Base Aérea TTE Luis del Valle García en estado Anzoátegui, y coronel (R) Arturo José Linares Reyes.

Los militares iban junto a dos civiles de nacionalidad venezolana

Identificados como Arelys Coromoto Moreno y Alí Fernando González Reyes. En los vehículos viajaban 11 personas de nacionalidad cubana, provenientes de Trinidad y Tobago con destino a la frontera con Colombia.

Los extranjeros detenidos fueron

Yordanys Álvarez Núñez, Radilsa Pérez Loyda, Arlety Espin Echeverría, Yudianis Delgado Rubí; María Cabado Almeído, Zulen Rabell Cabado, Daniel Martínez Fabelo, Leonardo Rabell Murcia, Luis Enrique Cisneros Cedeño, Javier Alejandro Fermín Cairo y una menor de edad.

El procedimiento está en manos del Ministerio Público; que inició las averiguaciones para determinar si se trata de una organización delictiva dedicada al tráfico de personas.

La delicada situación del tráfico de personas en Venezuela

El gobierno de Venezuela no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas y no está haciendo ningún esfuerzo para conseguirlo; por consiguiente, Venezuela se mantuvo en la categoría 3.

El 10 de enero de 2019 llegó a su fin el mandato del expresidente Nicolás Maduro.  El 23 de enero de 2019 Juan Guaidó asumió el cargo de presidente interino. Sin embargo, el expresidente Maduro se negó a ceder el poder impidiendo que el presidente interino Guaidó tomara el control dentro del país.

A pesar de la falta de esfuerzos significativos, en 2019 las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro crearon una fiscalía especializada para supervisar las investigaciones y enjuiciamientos por trata de personas y según informes de la prensa; iniciaron un proceso judicial contra tres funcionarios cómplices en un caso importante que involucraba posibles víctimas de trata de personas que desaparecieron en el mar.

No obstante, las autoridades no informaron haber asistido a ninguna víctima, ni haber investigado, procesado, o condenado a ningún tratante de personas.

Las autoridades venezolanas no hicieron suficientes esfuerzos para frenar el reclutamiento forzoso de niños venezolanos por parte de grupos armados ilegales colombianos que operan en su territorio de manera impune y no hicieron ningún esfuerzo para investigar a profesionales médicos cubanos en busca de indicadores de tráfico o trata de personas.