Cuerpos policiales en tiempos de chavismo: entre miseria y corrupción

Primera vez  que se conoce que un funcionario policial del régimen debe renunciar a su trabajo por la simple razón que el sueldo no le alcanza para costear hasta lo más simple como es la comida.

Los cuerpos policiales han vivido en estos tiempos de chavismo, apegados a la miseria y un salario en $3 por ello, muchos en su oficio buscan “matraquear para sobrevivir”.

Un comisario del CICPC, renunció el mes pasado este es un caso extraordinario, por el simple hecho de que el sueldo que tenía en dicho organismo, no le alcanzaba para nada. En su carta de renuncia ratificó que su motivo fue porque el sueldo no es lo suficiente para cubrir sus necesidades como transporte, medicina, comida y vestimenta.

Se las canta claras al Gobierno

Un funcionario de la Policía del Estado Zulia alzó la voz, en video difundido en redes sociales el mes pasado, al gritar al gobernador de la entidad a todo pulmón las angustias. Vociferaba que no lo respetaban como profesional ni como hombre: “No puede ser tanta humillación”.

Reflejó la problemática que viven cientos de funcionarios en el país, y que muchos para poder mantenerse recurren al “matraqueo” en las calles y otros trabajos en su tiempo libre para poder mantener la moto y alimentarse, porque para otros lujos no alcanza.

“Compro cauchos, compro repuestos para que la moto esté buena, pero la gasolina nos la está quemando” afirmó el funcionario zuliano que como a otros el Gobierno, ha quitado recursos a los organismos policiales del país.

Un funcionario de la Policía del Estado Zulia @CPBEZ en una E/S se las canta al gobernador y al G/B Eliezer Pereira Burgos. No puede ser tanta humillación !. Qué hace el policía para vivir ?. ,No respetan como profesionales ni como hombres !, es parte de lo que dice el Policía pic.twitter.com/F7X9YmrRV7

— Daniel Guillermo Colina (@danielgcolina) May 29, 2021

II parte del video del funcionario del @CPBEZ quién desde la Estación de Servicio PDV Puente Unión en el Zulia alza su voz de protesta ante la falta de gasolina y el mísero salario que devengan los policías en Venezuela. pic.twitter.com/S6SqA7SSBo

— Daniel Guillermo Colina (@danielgcolina) May 29, 2021

Aumento mísero del salario

En mayo salió vigente un salario para los funcionarios policiales que es una burla, porque no alcanza ni para alimentarse básicamente.

Antes de la era del chavismo

Aunque en otros tiempos antes de la masacre roja, los policías no eran bien pagados, por lo menos tenían asegurada una calidad de vida óptima, diferente a la de hoy día. Hugo Chávez Fría prometió y prometió, dijo que le daría a los funcionarios públicos el valor que merecen, pero todas esas palabras se las llevaría el viento para ser enterradas junto con él, ahora las condiciones de cualquier funcionario son deplorables.

Para el año 2000 el sueldo mínimo se posicionaba en 144.000 Bs que al momento significaban  alrededor de 220 $, algo que hoy en día es muy difícil ganar en un puesto policial.

Los funcionarios hoy para poder sobrevivir muchos de ellos se ven obligados a entrar al mundo que juraron destruir  para ganarse el pan de cada día: delincuencia y corrupción. La cantidad de casos sobre funcionarios metidos en asuntos turbios ha aumentado, en complot con los mismos criminales que pagan más que el Estado.

Poder a los criminales 

Además poco a poco el Gobierno actual le ha ido cediendo territorio y poder a las megabandas que habitan en las zonas vulnerables del país. Los roles han cambiado la policía le teme a los delincuentes y hasta le ceden territorios para mantenerse en paz. Van mucho más y mejor armados que los mismos funcionarios y hacen lo que quieren, la población donde se encuentran estos criminales viven en la zozobra y no tienen a donde recurrir porque el Estado básicamente los abandonó.

Ha llegado a tal punto que funcionarios policiales trabajan para los criminales, pero no cualquiera todo va en escala y esto depende del cargo que ocupe y el organismo. La represión en los barrios más pobres ocurre por las bandas así como por efectivos  de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que a los ojos del mundo son considerados inhumanos y un organismo que violenta los derechos humanos.

Por ello en el año 2019 en la apertura del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, realizó un reporte sobre Venezuela y pidió con carácter de urgencia eliminar el comando especial Faes creado por Nicolás Maduro en 2016, y el cual para gran parte de la comunidad internacional,  es  responsable de torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Por su parte Nicolás Maduro hizo caso omiso ante la solicitud, y reafirmó su apoyo a este organismo públicamente a pesar de las distintas acusaciones de tortura y violencia que cometen los funcionarios que hacen vida en esta institución. Los mismos ciudadanos expresan miedo en lugar de respeto al tropezarse con algún integrante de la Faes.

En una investigación realizada por Reuters a 20 asesinatos cometidos bajo el manto de la «ley», pudo constatar incongruencias en las declaraciones de las víctimas y familiares, junto con las que otorgaba el ente ejecutor que serían cuerpos policiales de la Faes.

La excusa para crear este comando especial desplegado de Policía Nacional Bolivariana, fue para combatir el crimen organizado. Sin embargo, en múltiples ocasiones se le ha acusado a ellos mismos de ser el crimen organizado o trabajar en conjunto con líderes de bandas criminales en el país, así como han sido acusados de ser un grupo de exterminio y represión.

Zona de paz 

No basta con crear organismos «policiales» para sembrar caos en el área de seguridad, sino también les dan el poder de regir territorios en ciertas zonas del país con el fin de mantener «paz» en lugar de desmantelar bandas, como ocurrió en las llamadas «zonas de paz».

Este es el nombre que reciben algunos lugares del país delimitados legalmente por el gobierno nacional, para que los funcionarios policiales no ingresen a realizar operativos para desarticular bandas y poner preso a delincuentes, todo a cambio de que esos delincuentes no cometan crímenes.

El origen de este proyecto data desde el 2013 cuando José Vicente Rangel Ávalos, era viceministro de Seguridad Ciudadana quien inició conversaciones con líderes de bandas criminales para llegar a acuerdos con la consigna del «El hampa quiere cambio» en ese momento las bandas pedían ayudas sociales y económicas a cambio de bajar las armas, pero también pidieron que alcabalas y cuerpos policiales abandonaran el área supuestamente para evitar represalias y estigmatización.

Este proyecto solo fue un trato hablado sin ningún papel que lo avalara, no fue publicado en Gaceta Oficial o como parte de un plan del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, era un plan piloto que sólo quedó en los registros de Ávalos, y comenzó en algunos territorios de Miranda como  los ejes de Barlovento y los Valles del Tuy.

Según periodistas especializados, las zonas de paz no son un buen plan, ya que esto ha provocado el aumento de los delitos como: robos, asesinatos, secuestros y extorsiones, puesto que los responsables no pueden ser aprehendidos por la policía mientras estén dentro del perímetro restringido para los funcionarios.

De hecho, Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en el área de sucesos reportó unos meses después que ya los grupos armados habían asumido parte de la Troncal 9  de la  Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, pero igualmente sin importar lo que allí había sucedido, el gobierno siguió otorgando territorio a las bandas delictivas. Luego de los fracasos de este plan, Ávalos negó rotundamente que este  plan se haya implementado en el país.

Uno de los territorios que hoy está al acecho de grupos armados criminales a causa de estos lugares, es la cota 905 que en el 2017 fue declarada oficialmente «Zona de Paz», el negocio con estas bandas cambia cuando el poder dentro de ese espacio no basta y quieren ampliar territorio, y los más afectados son los ciudadanos que hoy en día viven en promedio cinco días a la semana dentro de sus casas, bajo el terror de enfrentamientos entre delincuentes y funcionarios policiales.

La Cota 905, es uno de los sectores de Distrito Capital que tiene más bandas delictivas activas. Antes del 2017 el régimen de Nicolás Maduro, supuestamente ha realizado varios operativos dentro de la zona, sin embargo, los hechos han sido  violentos y los delincuentes han salido con la bandera del triunfo por lo que los mismos habitantes de la zona pidieron a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, al ministro Jorge Infante y a Antonio Álvarez, que no ingresaran más efectivos policiales.

Esto se hizo realidad en base a un acuerdo, que los delincuentes dejaran de formar bandas para asesinar a miembros policiales, realizar robos de vehículos y secuestros, pero este acuerdo poco se ha cumplido de parte de los criminales, que hoy hacen fiesta con balas en la Cota 905.

Factores  que permiten la corrupción policial

El poder que tienen ahora los funcionarios públicos no es algo que haya sucedido de un día para otro, sin embargo, el hecho que estos busquen la corrupción para mantenerse, es apoyado en las fallas del sistema judicial venezolano.

Según reportaje realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)   refleja que desde el 2005,  la Asamblea Nacional se ha despreocupado por el incremento de la tasa de violencia en el país y de quién la comete a pesar de ser una ola masiva de actos violentos.

Además tampoco vieron interés en profundizar en temas como la Impunidad, Delincuencia Organizada, la corrupción policial y hechos irregulares en que se veían envuelta, pero ese mismo año se establecieron otros objetivos que no eran de tanta relevancia.

Asimismo Tarek William Saab en el año 2019 señaló, en un balance correspondiente a su año de gestión, que 100 fiscales eran investigados por casos de corrupción, también en noviembre del 2018  informó la detención de varios militares y policías involucrados en hechos delictivos y  de corrupción. A pesar de que buscó en su momento desviar la atención de que los fiscales pertenecían al Ministerio Público, era obvia su relación.

El ciudadano común tiene miedo a funcionarios policiales 

Además de la corrupción por bajos sueldos, debilidades en las leyes, alianzas con delincuentes que tienen poder (otorgado por el mismo Estado) el ciudadano no se siente seguro con los funcionarios públicos y además dudan de su  gestión.

En un reportaje publicado por la OVV sobre si las personas consideran que la policía actúa realmente cumpliendo la ley, reveló que sólo el 8% de las opiniones creen que los cuerpos policiales están siempre en el marco de lo que la ley indica.  El 48% de las opiniones afirman que en ocasiones actúan dentro de la ley y el 44% restante coinciden en que sus actuaciones siempre están fuera de la ley.

También se reflejó que hay mayor confianza en los cuerpos policiales como el CICPC y la GNB, pero la confianza baja cuando se menciona  a la FAES.

Cifras aterradoras 

Además en el informe anual de la violencia en el país hecho por la OVV indicó, que el estimado de la tasa de mortalidad es  de 45,6 muertes violentas por cada cien mil habitantes, sin embargo la mayoría de casos está en manos de funcionarios públicos y delincuentes.

«En 2020 ocurrieron 4.153 homicidios cometidos por los delincuentes, para una tasa de 15,9 víctimas por cada cien mil habitantes. Se contabilizaron 4.231 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, que no  fueron otra cosa que homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por el uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 16,2 víctimas por cada cien mil habitantes» concluyó el informe.