20 países instaron a Venezuela a restaurar la independencia del Poder Judicial
«En Venezuela no existe justicia», han denunciado muchas veces los familiares de presos políticos, estudiantes, abogados y gremios, quienes refieren que eso lo confirmamos con el accionar del Estado.
El Poder Judicial venezolano se ha convertido en foco de preocupación y blanco de críticas a escala mundial. Así quedó en claro en el III Examen Período Universal de Derechos Humanos, al que se sometió el país este martes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y donde al menos 26 países expresaron su alarma por las informaciones que han recibido sobre la situación de sumisión a los designios del Gobierno de los tribunales y del Ministerio Público; y el uso que de ellos ha hecho el Ejecutivo para “silenciar a la disidencia”, reseñó Crónica Uno.
Delegaciones de países con democracias consolidadas como Alemania, España, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Francia, Portugal e incluso aliados: Palestina, exigieron a Venezuela la adopción de medidas que restauren de inmediato la independencia de los jueces, fiscales y de la Defensoría del pueblo.
No es la primera vez
que la situación de la justicia venezolana centra la atención en este tipo de procesos, pues en los dos anteriores, celebrados en 2011 y 2016 ocurrió lo mismo. Y como en las ocasiones previas las autoridades parece que ignoraran las recomendaciones referidas a esta rama del Poder Público.
Al menos ese es el sabor de boca que dejó la intervención del magistrado Juan Carlos Ibarra, quien representó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la evaluación y quien se limitó a informarle al Consejo que desde en 2006 en el país están en vigor unas normas para asegurar el acceso a la carrera judicial mediante concursos de oposición, tal y como manda el artículo 255 de la Constitución.
Por su parte, Noruega presentó cuatro recomendaciones a Venezuela:
- Que Venezuela siga aspirando a las soluciones pacíficas e inclusivas mediante negociaciones para el bien del pueblo venezolano.
- Garantizar la independencia judicial, procedimientos adecuados para el nombramiento de jueces y que ponga fin al recurso de tribunales militares para juzgar a civiles.
- Garantizar que las ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos puedan proceder con sus labores sin persecución, suprimiendo requisitos jurídicos para que las ONG se inscriban en la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado.
- Cumplan con las normas internacionales para el uso de la fuerza y el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura.
